La libertad sindical, sin derechos garantizados que la resguarden, es solo letra muerta. El derecho a la libertad sindical no solo se limita al mero ejercicio del derecho a poder constituir un sindicato y afiliarse o desafiliarse de este a voluntad, sino además a la tutela y promoción de las expresiones de carácter colectivo que le son propias, esto es, el ejercicio de derechos en el desarrollo de la actividad sindical. Así a lo entiende el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios 87 y 98 de la OIT, y en el papel, recoge nuestra Constitución Política.
Una práctica atentatoria o práctica desleal, es toda acción u omisión que atente contra la libertad sindical, especialmente aquellas que afecten la negociación colectiva, sus procedimientos y el derecho de huelga.
Despidos por asistir a reuniones, bonos por no pertenecer a un sindicato, persecuciones a dirigentes, intervención en sindicatos, empresarios que crean agrupaciones de trabajadores paralelas, espías en asambleas, amenazas contra trabajadores, subcontratación “mula”, empresas con cientos de RUT distintos, etc., Son actos atentatorios contra la libertad sindical.
En Chile, año a año son cientos de denuncias por estas prácticas, que terminan en el mejor de los casos solo con multas económicas menores.
Cuando la empresa sopesa entre, por una parte, los riesgos de tener un sindicato que pueda generar mejores condiciones laborales para los trabajadores (a costo de un poco menos de ingreso para su bolsillo), y por otra, simplemente pagar una multa anual, sin tener que negociar nada con nadie, empresarios prefieren pagar las multas antes de permitir que quienes trabajan en sus empresas se organicen.
Las sociedades que han avanzado al desarrollo, lo han realizado de la mano de ciudadanos organizados, que han generado demandas, y por fuerza de sus organizaciones, han logrado cambios favorables para todos. Sin sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores, el empleador hará lo que quiera.
Se hace fundamental modificar nuestra legislación y penar los atentados contra la libertad sindical no solo con multas, sino con penas privativas de libertad. Si así fuera, aquellos empresarios que ponen las multas en sus presupuestos anuales, lo pensarían dos veces antes de realizar prácticas que violentan a los trabajadores.
Hoy tenemos consagrada la libertad sindical en nuestra legislación, pero de poco sirve si no garantizamos en nuestro ordenamiento jurídico que los derechos que ella conlleva puedan ser llevados a cabo. El presente no es el que queremos, y el futuro solo será posible con organizaciones fuertes, transparentes, preparadas, financiadas y participativas que luchen por sus derechos.
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Daniel Manouchehri, tiene 26 años, es estudiante de derecho, y es miembro del comité central del Partido Socialista de Chile.
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